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Los sucesivos gobiernos que hemos ido padeciendo desde siempre, con la colaboración de los empresarios y los sindicatos oficiales, emprendieron a principios de los años 80 del siglo pasado una calculada reducción de los derechos de los trabajadores. Pensada como una reestructuración permanente, se trata de abaratar la mano de obra puesta a disposición de las empresas como forma de compensar su falta de competitividad con respecto a las del exterior. La legendaria falta de capacidad del empresariado español, su avidez por los ingresos rápidos y su falta de responsabilidad social son sufragadas por la clase trabajadora que asiste impávida al deterioro de sus condiciones laborales y de los derechos sociales.