Ordenanzas Municipales: el Gran Hermano más cerca que nunca



Desde hace unos años están proliferando a lo largo y ancho del Estado, ordenanzas municipales que regulan la “convivencia ciudadana y la prevención de actos vandálicos”. Estas ordenanzas regulan el uso de todos y cada uno de los objetos que los Ayuntamientos consideran como suyos. Ante este evidente ataque más elemental hacia la libertad de expresión, no son pocos los sindicatos de la CNT que han denunciado esta situación.




Una de las últimas ciudades en padecer esta nueva forma de servidumbre, ha sido la ciudad de Zamora, siendo aprobada a finales del mes de mayo durante un pleno municipal. Tal y como indica el sindicato de esta localidad, esta ordenanza es prácticamente similar a las que se han aprobado en otras tantas localidades, todas ellas con un mismo fin: controlar a la población bajo una finalidad represiva, especulativa y recaudadora.
La calle es el mejor termómetro para medir la salud de una población, y a ésta le espera muy poca vitalidad cuando se le castiga por satisfacer sus necesidades más vitales como son las de beber, jugar, bañarse o acampar en la vía pública.


Hecha la ley, hecha la trampa
De esta forma irónica se expresaba en un comunicado (1) el Grupo Anarquista 19 de Julio de la FAI de esta misma localidad “tal vez entiendan que debamos copiar la convivencia de la que ellos hacen gala en los Ayuntamientos, en el parlamento, en la prensa… Quizás intenten con esta ordenanza acabar con el vandalismo que se produce en los centros de trabajo (abusos de autoridad, sumisión, asesinatos por “accidentes laborales”, incumplimiento de sus leyes laborales, impunidad de los empresarios para no pagar salarios...), contaminación de ríos, aguas, destrucción de bosques y parajes naturales, corrupción política, urbanística… Pero, no van por ahí los tiros”.

Toda medida legislativa tiene su intencionalidad política y protege a la clase social de quien la promulga. Esto se demuestra claramente observando cómo hay comportamientos que en función de quién y cómo se cometen, son cívicos o no. Así, si una persona decide beber en la calle será sancionado, pero si lo hace el consumidor en la terraza de un bar, no. Si un colectivo realiza un mural en una pared será sancionado, si lo hace una empresa publicitaria, no. Y así podríamos seguir con otros tantos ejemplos. Por lo tanto, la cuestión del civismo está en función del dinero que se ponga sobre la mesa. De ahí ese trasfondo claramente capitalista en la cual la norma satisface sus intereses, pero no los de la clase trabajadora. Pensemos en todas aquellas personas sin recursos que piden dinero por la calle o que no tienen más remedio que ocupar un pequeño espacio público con sus cartones y mochila para poder descansar. ¿Volverán los viejos tiempos en los que se castigue la mendicidad? Las sanciones económicas son claramente desproporcionadas (en diversas normativas pueden llegar a ser desde 750 €, casi el doble del salario mínimo interprofesional, por una falta leve, hasta 3500 € por una falta grave). Para las clases pudientes pueden parecer irrisorias, pero para las más humildes, la sanción le puede suponer el sueldo de un mes. En estas condiciones, ¿quién no se lo pensará dos veces antes de querer protestar ante una situación injusta?

Malos tiempos corren también para las organizaciones disidentes. Repartir octavillas, colocar mesas informativas y otras acciones propias de colectivos sociales y sindicatos como éste, pueden ser constitutivas también de comportamientos incívicos, siendo acusados de ensuciar las calles. Debe ser, por ejemplo, que cuando hay campaña electoral no se ensucian. Así, los poderes fácticos logran con estas ordenanzas matar dos pájaros de un tiro. La libertad de expresión es un derecho secundario en pro de mantener un correcto comportamiento y orden burgués. Para calmar a nuestros lectores, podemos decir que nuestros gobernantes se están empeñando en decir que esta normativa no se aplicará concienzudamente, ya que tal y como se expresa en el mismo comunicado, “la aplicación de esta ordenanza al pie de la letra supone que cada zamorano que sale de casa incumpla varias veces alguna parte de esta. Y si no se aplica concienzudamente, ¿a quién se aplicará? ¿Tendremos que rendir cortesía y sumisión a los agentes para que no nos multen?”.

Prohibido prohibir
Como no podía ser de otra forma, la CNT en pos de no perder el derecho más elemental de todos, la libertad, ha mostrado una gran implicación en las luchas contra estas normativas antisociales. En diferentes ciudades, este sindicato ha realizado fuertes campañas de concienciación y confrontación para derribar la normativa en su conjunto, o al menos sus puntos más sensibles en cuanto al recorte de derechos. Así, en Valladolid, la CNT junto con otros tantos colectivos vecinales, sindicales o políticos organizados en el Foro por la Libertad de Expresión, consiguieron después de una larga lucha, echar por tierra, a través de los tribunales, los contenidos más represivos de la normativa.
Notas




  1. Iván Nistal - Redacción periódico cnt de julio de 2010