La Reforma Laboral resultará letal para las plantillas de las Administraciones Públicas.

El borrador del decreto, por el que se regulan los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada que ha sido conocido hace escasas fechas, desarrolla la última Reforma Laboral en la que el gobierno del PP abrió la puerta al despido de trabajadores en el sector público.

El gobierno del PP, al igual que lo hiciera el del PSOE, viene encontrando en los trabajadores del sector un chivo expiatorio de la crisis, contra el que ha cargado una buena parte de los recortes practicados hasta el momento. Así, unos días después de anunciar la supresión de las convocatorias de empleo público para 2013 y 2014, con los graves efectos que esto tendrá en la prestación de servicios a medio y largo plazo, se da a conocer este borrador, que viene a facilitar y promover el despido de trabajadores en las distintas administraciones.

El decreto abre las posibilidades de despido en todos los entes con participación pública, en los que a partir de ahora, se podrá prescindir del personal laboral, tanto el fijo como temporal. Los “motivos” que se establecen para permitir los despidos colectivos, son tan amplios que cualquier administración esté en situación de poder solicitarlos. Porque, no se exige que la entidad pública en cuestión tenga pérdidas, sino tan solo que perciba un 10% menos de subvenciones que el año anterior o un 10% menos de transferencias de capital, o un 10% menos de aportación presupuestaria, en los casos de que dependan de un convenio o contrato-programa. Y además, cuando “se haya adoptado un acuerdo no disponibilidad” que afecte al organismo en cuestión. Es decir, todas nuestras administraciones y empresas públicas.

Por si fuera poco, también se podrá despedir colectivamente cuando se den causas técnicas u organizativas, es decir, cuando tengan lugar cambios en los instrumentos que se utilizan o en los sistemas y métodos de trabajo. Esta amplitud de causas para despedir parece ser la vía principal de la anunciada reforma del sector público, en la que no se cuestiona en absoluto ni el mantenimiento de la prestación de servicios ni la calidad y organización de los mismos, sino llevar a cabo una simple reducción del número de trabajadores mientras se mantienen altos cargos, estructuras inútiles y desfasadas, abrumadoras e inservibles jerarquías. De hecho, es notorio que las administraciones han comenzado a pedir las relaciones de puestos de trabajo de sus órganos dependientes para iniciar este proceso cuanto antes.

La escasa justificación que tendrán que presentar para despedir se une a un periodo de consultas que solo ha de servir para cubrir el expediente, y nunca mejor dicho. Además, el decreto prevé una extraña disposición por la que, los trabajadores fijos que han obtenido su puesto a través de un proceso selectivo sólo tendrán prioridad para permanecer en el puesto de trabajo si la administración en cuestión lo solicita. Esta nueva prueba de discrecionalidad, no obedece a otra cosa que a tener las manos libres para escoger el colectivo de trabajadores que se echa a la calle, en función de los intereses de la administración. De esta manera, es posible que conserven su puestos de trabajo los que han accedido a ellos mediante designación directa –es decir, que por tanto forman parte del sistema clientelar- y sean despedidos los trabajadores que han accedido a través de una prueba y del procedimiento establecido, que además, son los de más edad.

La apuesta de administración que hacen los gobiernos -tanto del PSOE como del PP- por una administración hecha a la medida de los intereses políticos de turno es evidente. La reducción de efectivos que se producirá merced a la congelación de la tasa de reposición (para sustituir a los que se jubilan), la supresión de nuevas convocatorias, y estos nuevos despidos del personal fijo más antiguo, se suplirá con trabajadores con contrato precario, afines a los políticos de turno y por tanto con menos garantías de que realicen su trabajo con independencia y objetividad.

Desde CNT creemos que no es ninguna solución echar más trabajadores al paro; al contrario, creemos que las administraciones tienen la obligación de crear empleo público para paliar el grave problema del paro, creando puestos de trabajo rotatorios para los parados de larga duración. A pesar de los recortes, el dinero público se sigue tirando en cosas tan inútiles como los gastos militares, subvenciones a partidos, sindicatos o la iglesia entre otros muchos, gastos de representación y protocolo, pago de la vivienda a los altos cargos, cientos de instituciones inútiles y un largo etcétera. Exigimos un verdadero cambio en el reparto del gasto público y no las pantomimas que hacen nuestros gobiernos para que todo siga igual. El adelgazamiento de las plantillas públicas hará aflorar progresivamente necesidades sociales que quedarán sin cubrir por la escasez de personal y de medios materiales y económicos mientras se sigue derrochando en mantener el aparato del estado.

La CNT considera que una auténtica reforma de la administración, al contrario de la reducción de gasto y de puestos de trabajo que se planea, tendría que pasar por la reafirmación de unos servicios públicos de acceso universal y en igualdad de condiciones para todos, basados en las necesidades de la sociedad y no en criterios de rentabilidad económica, para lo que es imprescindible la sintonía entre los movimientos y organizaciones sociales y el movimiento sindical de los trabajadores de la administración. Todo ello con el objetivo final de separar los servicios públicos de los intereses de la casta política y del negocio privado para acercarlos a las necesidades reales de las personas a las que se debe, a través de la autogestión entre los trabajadores que los prestan y los usuarios que los reciben.


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Secretariado Permanente del Comité Confederal